Principio de Intervención Mínima del Estado en el Arbitraje Nacional de Honduras

Principle of Minimum State Intervention in National Arbitration of Honduras

Resumen

En el presente análisis nos ocupamos sobre la Intervención del Estado de Honduras en el Arbitraje Nacional según el Derecho Positivo Vigente, tomando como base legal la Ley de Conciliación y Arbitraje, Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Panamá y ciertos aspectos sobre los reglamentos de los Centros de Conciliación y Arbitraje en Honduras. Actualmente la Corte Suprema de Justicia de Honduras tiene un grado de intervención en los procesos arbitrales ya que pueden conocer de recursos de amparo contra las decisiones de las Cortes de Apelaciones al momento decidir sobre la Nulidad de un Laudo.

 Laudos Arbitrales

Para hablar de intervención del Estado en el Arbitraje, es necesario mencionar el concepto de un Laudo Arbitral, ya que es a partir del Laudo donde comienza la intervención estatal. El Laudo Arbitral es una resolución por medio de la cual los tribunales arbitrales deciden las cuestiones controvertidas sometidas a su consideración, controversias que han sido planteadas inicialmente por el Demandante, así como por el Demandado Reconviniente, esta es la persona que, siendo demandada, incluye en la contestación de demanda una nueva demanda contra quien inicio el proceso, a esto se le llama reconvención. Según la legislación hondureña, en el artículo 73 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, solamente existe un único recurso contra el laudo y es el recurso de Nulidad (Ley de Conciliación y Arbitraje, 2000).

Este recurso es una forma especial de impugnación procedente contra los Laudos Arbitrales. Es importante resaltar que este recurso se interpone ante el Tribunal Arbitral, el cual se remite inmediatamente al órgano de alzada competente. Cuando el recurso es remitido al órgano de alzada se genera una importante distinción que le corresponde a las partes sometidas al proceso decidir quién debe de conocer ese recurso de Nulidad, pudiendo ser la Corte de Apelaciones Civil de la Jurisdicción donde se dicto el Laudo o si las partes lo pactaron en el convenio arbitral o aun sin estar pactado, las partes pueden acordar que este recurso lo debe conocer un nuevo Tribunal Arbitral.

 El Poder Judicial y su rol en el arbitraje

Tal como se evidencia en la Ley de Conciliación y Arbitraje, la primera intervención del Estado de Honduras en el arbitraje se produce cuando el recurso de Nulidad es dirigido a la Corte de Apelaciones Civil, el cual a juicio de esta Corte decide sobre el recurso y cuenta con un plazo máximo de un (1) mes. Según el articulo 76, contra la providencia de la Corte de Apelaciones o del Tribunal Arbitral que conoce de la Nulidad, no procede ningún recurso.

Una segunda intervención del Estado se genera cuando el demandante o demandado reconviniente, se ven afectados por la resolución de la Corte de Apelaciones al conocer el recurso de Nulidad e interponen una acción de Amparo contra la sentencia que dicta la Corte de Apelaciones resolviendo el recurso de Nulidad. Cabe resaltar que el recurso de Amparo no es contra el Laudo Arbitral, sino como se mencionó, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones. El argumento legal del que se hacen valer estos recursos es en el articulo 42 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en base al apartado contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado y bajo la premisa de delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, la cual debe entenderse como la delegación de la administración de Justicia que el Estado le confiere a los Centros de Conciliación y Arbitraje (Ley Sobre Justicia Constitucional, 2004).

 Una decisión atrevida e innovadora de la Corte Panameña

En Panamá sucedió recientemente algo muy interesante con respecto a la acción de amparo contra los Laudos Arbitrales, el cual es una verdadera muestra de que El Estado debe contribuir a fortalecer los espacios en los que se llevan a cabo los arbitrajes, la Corte Suprema de Panamá, emitió una sentencia el 12 de abril del 2023, en la que los magistrados establecieron que la acción de amparo no puede promoverse en contra de las resoluciones que emita un Tribunal Arbitral, mediante esta sentencia queda confirmada directamente ese carácter autónomo de los Recursos de Nulidad contra los Laudos Arbitrales. Gracias a la Corte Suprema de Panamá, confirma el Estado Panameño seguir a la vanguardia a nivel latinoamericano en procesos arbitrales, ya que Panamá es una de las grandes sedes para llevar a cabo grandes disputas de arbitraje comercial internacional (Sánchez G & Chevalier, 2023).

 Los Cambios son Positivos

Desde mi punto de vista, la intervención del Estado en el arbitraje vulnera algunas de las características principales por las cuales los interesados acuden al arbitraje como su método de solución de controversias principal, como ser la confidencialidad, proceso expedito, simplicidad, eficacia. Si bien es cierto, la Ley de Conciliación y Arbitraje ya contempla un plazo de un (1) mes para que las Cortes de Apelaciones decidan sobre el Recurso De Nulidad, esto no es suficiente, ya que no garantiza que se cumpla en tiempo y forma, una muestra de eso son los plazos del Código Procesal Civil que en la mayoría de las ocasiones no se cumplen. Además, con respecto a la acción de amparo, el tiempo de espera podría prolongarse mucho más.

Es por esto que el legislador debe asegurarse que el arbitraje sea un método alterno de solución de conflictos autónomo, independiente, garantizando que la intervención del Estado sea realmente mínima o nula, y que se limite a conocer recursos de Nulidad un nuevo Tribunal Arbitral exclusivamente y no remitirse a la Corte de Apelaciones. Incluso seria un aspecto novedoso en el país, que un recurso de nulidad pueda conocerlo un nuevo Tribunal Arbitral, pero de un Centro de Conciliación y Arbitraje distinto, de esta forma las partes tendrían la opción de tomar la decisión de cual Centro de Conciliación y Arbitraje consideran conveniente, esto podría ser visto de buena manera por los apoderados judiciales que litigan frecuentemente en los Tribunales de Arbitraje. Sin embargo, esta acción tendría que promoverse desde los mismos Centros de Conciliación y Arbitraje en sus propios reglamentos.

Recordemos que en el Arbitraje las partes son las dueñas del proceso y son ellas quienes deciden a que reglamento van a someter sus controversias, según lo establecido en las cláusulas arbitrales. Se vuelve necesario que el legislador tenga una visión más progresista y que se establezca en la Ley sobre Justicia Constitucional, que, contra las decisiones de particulares, como árbitros, no sea

posible promover una acción de amparo, siguiendo el ejemplo de la Corte Suprema de Panamá. En caso contrario, el arbitraje pierde cierta esencia y sentido. Es necesario que el Legislador comprenda la importancia del rol del Arbitraje en la sociedad y que ayuda a liberar de cierta carga judicial a los tribunales ordinarios y no contribuye a la mora judicial, los árbitros que integran los listados de los Centros de Arbitraje son abogados con más de 5 años de experiencia comprobada, sin denuncias en su contra y expertos en los asuntos sometidos a su conocimiento.

Ley de Conciliación y Arbitraje. (2000, diciembre 29). todolegal.app. https://www.todolegal.app/laws/168-ley-de-conciliacion-y-arbitraje

Ley Sobre Justicia Constitucional. (2004). https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley%20Sobre%20Justicia%20Constitucional%20(07).pdf

Sánchez G, M., & Chevalier, A. E. (2023). LexLatin | Ante laudos arbitrales no procede amparo; el criterio de la Corte Suprema de Panamá. LexLatin. https://lexlatin.com/opinion/laudos-arbitrales-amparo-criterio-corte-suprema-panama

Escrito por: Saul Aguilar

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