Apuntes sobre la nueva Ley General de Contratación Pública

El pasado 1° de diciembre del 2022 comenzó a regir la nueva Ley General de Contratación Pública (Ley N. 9986, la “Ley”) la cual fue aprobada desde mayo del 2021 y sustituirá por completo a la Ley de Contratación Administrativa la cual rigió desde el año de 1996. El Poder Legislativo, al aprobar la mencionada Ley, le otorgó 18 meses al Poder Ejecutivo para que preparase el Reglamento a la misma. El mismo fue presentado el día en el que entró en vigor la nueva Ley.

El 27 de mayo del 2021, Presidencia comunicó que la nueva Ley General de Contratación Pública permitirá que el Estado responda con más rapidez, orden y transparencia a los procesos de contratación pública. Asimismo, hace énfasis en que esta es una de las reformas más significativas de los últimos años, en cuanto está enmarcada en las mejores prácticas de la OCDE. La reforma está destinada a su vez a reducir costos estatales, fomentar la competencia y el uso de la tecnología y modernizar por completo los procesos de contratación pública en el país.

Esta Ley será aplicable para toda actividad contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos.  En cuanto a los sujetos privados esta Ley será aplicable cuando los mismos administren o custodien fondos públicos o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de componentes de la Hacienda Pública. La Ley no será aplicable, entre otros, a la actividad ordinaria de la Administración, las relaciones de empleo público, la adquisición de combustible, los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos del Derecho Internacional Público de carácter humanitario ni los convenios de colaboración entre entes del Derecho Público.

En aras de la transparencia, se establece que toda actividad de contratación pública regulada en la nueva Ley deberá realizarse por medio del sistema digital unificado el cual, por el momento, podemos identificar como SICOP. Cualquier actividad en la cual se utilice otro medio para sus procedimientos acarreará su nulidad absoluta, con la salvedad de la formalización de contratos que deban constar en escritura pública.

Dentro de las novedades de esta Ley existen los “recursos temerarios” bajo los cuales se plantea la facultad por parte de la Contraloría General de la República o la Administración de imponer multas determinadas en la Ley cuando considere que el recurrente, ya sea al interponer un recurso de objeción o de apelación y revocatoria, actué con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales. Sobre esto, la Ley dispone que se entenderá como actuación temeraria cuando el recurrente abusa ejercitando acciones totalmente infundadas y, de mala fe, cuando el recurrente alegue hechos contrarios a la realidad.

Una de las razones por las que la reforma fue promovida por el Poder Ejecutivo es que, dentro de sus novedades, ofrece un mecanismo para agilizar los proyectos de inversión y obra pública. Esto se logrará a través de la creación de un proceso de contratación abreviado para las fases de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos de inversión pública que se encuentren debidamente inscritos ante el Ministerio de Planificación. Lo anterior permitirá desarrollar los estudios y diseños necesarios de manera más ágil. De manera casi que utópica, la Ley también reducirá los plazos en la gestión de las contrataciones y simplificará los procesos.

Como se ha expuesto, esta nueva Ley fue creada para modernizar por completo los procesos de contratación pública, incluso desde el mismo Poder Legislativo se menciona que la Ley crea un completo cambio de paradigma en los procesos de contratación. Sin embargo, ya varias instituciones públicas, incluyendo la Universidad de Costa Rica, han comunicado una serie de desafíos que creará la nueva Ley para sus propios procesos de contratación pública. Por lo tanto, únicamente el tiempo será el encargado de demostrar si la reforma cumplió sus grandes aspiraciones o no.

 

Escrito por: Daniela Tijerino

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