Descubrimiento Electrónico (E-Discovery) en Procesos Judiciales Civiles de Honduras

El descubrimiento electrónico (“E-Discovery”), tiene relación, entre otras cosas, con la solitud formal realizada por una de las partes involucradas, a la otra, durante la fase probatoria de un proceso judicial, tanto de documentación como de información almacenada electrónicamente (o por su denominación en inglés: Electronically Stored Information “ESI”). Para los efectos del presente artículo nos enfocaremos en los procesos judiciales civiles. En la Republica de Honduras, esta acción de solicitud se ve amparado por el Artículo 281 del Código Procesal Civil en cumplimiento al deber de exhibición entre las partes. El mismo precepto jurídico establece que cada parte involucrada en un proceso judicial puede solicitar de las demás la exhibición de pruebas que no tenga a su disposición siempre y cuando se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba. Por lo general, la “ESI” incluye: correos electrónicos; historial de la navegación por la red de internet; las transacciones en línea; documentos de procesamiento de mensajes de textos, fotos y videos almacenadas electrónicamente, así también como los mensajes grabados. Los datos pueden provenir de un ordenador, sistema de correo de voz, sistema de correo electrónico, teléfono inteligente o “Smartphone”; o, bien, de cualquier otro dispositivo electrónico.

Los avances globales tecnológicos y electrónicos han facilitado no únicamente la comunicación entre personas en diferentes partes del mundo, así también como temas de comercio internacional y transfronterizo; pero también, han venido a revolucionar los mecanismos probatorios dentro de los procesos judiciales civiles. Fue apenas hace más de una década, cuando se publicó el nuevo Código Procesal Civil de Honduras, que se implementaron nuevos medios de prueba en los procesos judiciales del país. El nuevo Código Procesal Civil del 2007, fue aprobado por el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Número 211-2006, entró en vigencia veinticuatro meses después de su publicación, es decir el 26 de mayo de 2009, quedando derogado, así, el Código de Procedimientos Civiles de Honduras del 8 de febrero de 1906. El Código Procesal Civil vigente, dentro de su “Libro Segundo” (entre ellos los artículos 291 y 292), hace especial mención de los medios de prueba de grabación y archivo de textos, sonidos e imágenes; y, recoge como nuevos medios de prueba los instrumentos que sirven para la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los instrumentos que sirven para archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso judicial.

Las partes podrán proponer y solicitar como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes, y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. A esta proposición, las partes pueden acompañar la transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso; y, los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También podrán las partes aportar al proceso y pedir que sean admitidos como medios de prueba los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos, cifras y operaciones matemáticas; siempre que sean relevantes para el proceso y que hayan sido llevados a cabo con fines contables o de otra clase. La práctica de la prueba exige que en el acto del juicio se tome conocimiento directo del contenido del disquete, el disco duro del ordenador, del CD o del DVD, en su caso, entre otros. El juez valorará las reproducciones de la palabra, el sonido y la imagen obtenidas mediante filmación, grabación y otros, así como los instrumentos que permiten el archivo, conocimiento o reproducción de datos relevantes para el proceso, de manera libre y razonada, atendiendo las reglas de la sana crítica.

Por ejemplo, uno de los medios de “e-discovery” que se pueden presentar o bien solicitar de la contraparte, es el “documento electrónico”, redactado en soporte electrónico que incorpora datos que estén firmados electrónicamente. El documento electrónico será soporte de: i. documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso; ii. documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica; iii. los documentos privados firmados electrónicamente por las partes involucradas. Los documentos tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respetiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. El soporte en que se encuentren los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en el juicio.

Resulta innegable que han existido muchos cambios y avances en el siglo XXI; y, hoy en día muchos procesos judiciales, sobre todo juicios civiles, involucran algún tipo de descubrimiento electrónico o “e-discovery”, para llegar a la verdad de las cuestiones en litigio. En muchos casos la detección electrónica puede reducir los costos del juicio y de igual forma, pone la información importante fácilmente compartible entre las partes involucradas, incluyendo al propio tribunal de justicia. Como se mencionaba anteriormente, para la solicitud de exhibición (descubrimiento), o “e-discovery”, una de las partes debe solicitar la información de la parte contraria, de conformidad con las normas aplicables del procedimiento civil. Esto significa que, el “e-discovery”, como otros tipos de descubrimiento, debe ser verdaderamente relevante y trascendental para la parte solicitante del descubrimiento y para el desarrollo del juicio. La petición debe especificar con razonable particularidad los asuntos buscados para el descubrimiento. La prueba electrónica es necesaria que sea admitida por el juez en un proceso judicial; asimismo, es necesario establecer una relación directa entre la prueba y el objeto del proceso. Todo esto para evitar una “cacería de brujas” cuando la parte solicitante pide ampliamente toda la información electrónica de la contraparte con la esperanza de encontrar algo útil para el caso, cuando en realidad no cuenta con ningún indicio razonable para la solicitud de descubrimiento o exhibición.

En la experiencia de Estados Unidos de Norteamérica los tribunales federales, y en muchos tribunales estatales, se permite a los abogados litigantes y juris consultos, colocar una retención del litigio sobre determinada información electrónica, para la mejor conservación de la misma. El volumen de información, que puede ser bastante extensa, hace que sea difícil identificar la información adecuada para cumplir con la petición de descubrimiento y separar la información privilegiada de los materiales de detección, velando siempre por la protección de los datos compartidos. Además, se debe de considerar el factor “costo” al querer obtener información electrónica para el descubrimiento ya que el mismo puede ser alto y los trabajos asociados a la preparación de la información para el descubrimiento de igual manera pueden ser engorrosos y caros. Razón por la cual las partes, por mutuo acuerdo y en el momento oportuno, deben de pactar quien corre con los costos de dicho descubrimiento. En EEUU, las Reglas Federales de Procedimiento Civil exigen que los abogados se reúnan y elaboren un plan de descubrimiento poco después de que un litigio se ha iniciado, esto con la intención de detección temprana de los asuntos relacionados con el “e-discovery” y que los beneficios del mismo puedan ser maximizados para ambas partes, para el tribunal y, sobre todo, en beneficio de la IUSTITIA.

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