El pasado 28 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) anunció que la vacuna contra el COVID-19 será obligatoria para los funcionarios públicos, con la finalidad de hacer frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde hace más de un año.
Anteriormente, la vacunación era obligatoria únicamente para los funcionarios de primera línea de respuesta a la pandemia, es decir, empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, personal médico privado, Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos, Cruz Roja y cuerpos policiales; sin embargo, con esta nueva disposición, todos los funcionarios públicos necesariamente deben vacunarse.
Además, la CNVE avaló a los patronos del sector privado para tomar, dentro de sus disposiciones laborales internas, las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de sus colaboradores, entre ellas la vacunación obligatoria de sus trabajadores. Es decir, ahora se puede exigir a los colaboradores del sector privado la vacuna.
El Código de Trabajo vigente contempla en el numeral 71 como parte de las obligaciones de los trabajadores el acatar las medidas preventivas de las autoridades y de los patronos para la seguridad y protección del personal o del lugar donde trabajan.
Es importante indicar que el país tenía previsto alcanzar la inmunidad de rebaño entre octubre y diciembre del presente año; sin embargo, la baja asistencia al llamado que hay realizado las autoridades para que la población se vacune, han conllevado a tomar este tipo de medidas.
En los próximos días el poder ejecutivo firmará el decreto que oficialmente establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19.
Escrito por:
Alexa Narvaéz
Asociada