Instrumentos de Soft Law en arbitraje internacional: su uso y una mirada comparativa en base al Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje

Benito Arturo Zelaya Cálix y Fabián J. Villeda Corona 1

“The future clearly lies in the emergence of fundamental best practices”.2

Jan Paulsson

I. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL Y EL SOFT LAW

Para nadie pasa ya desapercibido el denotado avance que ha tenido el Arbitraje Internacional. En los tiempos que corren, constituye el método preferido para la resolución de disputas internacionales.3 Sin embargo, la idiosincrasia  propia  del  Arbitraje,  con  sus  características  y  particularidades  específicas  hacen  que  en  él confluyan una miríada de elementos que tradicionalmente se salen de la esfera de la práctica de un Abogado litigante en el sistema judicial ordinario y doméstico.

No hay que perder de vista que es un método privado de resolución de controversias, en el que las partes, de común acuerdo, deciden someter sus diferencias al Arbitraje.4    Es precisamente eso, el acuerdo de las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el que le da vida al arbitraje, son ellas quienes deciden sobre distintos aspectos del procedimiento tales como: si será administrado por una    institución arbitral internacional o si será ad hoc; sobre si será uno o tres el número de árbitros que conformarán el Tribunal Arbitral; la sede; la ley aplicable;  el  idioma;  etc.5  En  síntesis,  las  partes  tienen  un  margen  considerable  de  decisión  respecto  de diferentes elementos del proceso arbitral, contrario a lo que sucede cuando de la justicia ordinaria se trata.

Cuando de Arbitraje Internacional se trata, su naturaleza, impone, por otro lado, la consideración de otros aspectos como las normas de carácter internacional que interactúan con él.6  Así pues, tal como lo explica Moses, en el caso del arbitraje comercial internacional, por ejemplo, el marco regulatorio está compuesto por una pirámide integrada por: (i) la cláusula arbitral; (ii) las reglas del arbitraje; (iii) las leyes nacionales; (iv) la  práctica  arbitral  internacional;  y,  (v)  los  tratados  internacionales.  La  práctica  arbitral  internacional  es producto de la experiencia de la comunidad arbitral, consistente en las buenas prácticas que esta ha desarrollado y que sirven como directrices o pautas para los participantes del Arbitraje y de ese modo, armonizar algunos aspectos que no están directamente regulados. Algunas de esas directrices o pautas han sido codificadas como reglas adicionales o como guías.7  No obstante, es importante destacar que estos lineamientos carecen de

carácter vinculante, salvo que las partes se remitan directamente a su uso.

Esas reglas o guías son parte del soft law o derecho blando.8  La naturaleza jurídica del soft law está en contraposición, como se podría asumir a simple vista, del hard law. Este último, tal como señala Garrido Gómez, normalmente contiene obligaciones materiales y formales con mecanismos de cumplimiento, pues se trata de un instrumento jurídicamente exigible. En cambio, el soft law no reviste de tales características, pues su creación depende de la voluntad de quienes, por consenso, dialogo y estudio, deciden confeccionar dichos instrumentos.9 Para contextualizar, en el ámbito internacional, encontramos a los tratados como instrumentos de hard law: al aceptarlos, los Estadosconvienen en cumplirlos10 y su incumplimiento trae consigo responsabilidad interna- cional del Estado.11 En cambio, el soft law “propone y recomienda, no obliga impositivamente”.12

Algunos de esos instrumentos son creados por instituciones independientes y expertos en la materia. Así pues, vemos que en el arbitraje internacional estos instrumentos de soft law son cada vez más utilizados porque contienen propuestas y soluciones que han venido a llenar los espacios en blanco en ciertos aspectos procedimentales del arbitraje, aportándole mayor predictibilidad y transparencia13 al procurar que el arbitraje sea un debido proceso justo, legítimo y eficiente.

Varios de esos instrumentos han sido creados por Instituciones u Organizaciones como: International Bar Association, American Bar Association, American Arbitration Association, Chartered Institute of Arbitrators, Club Español del Arbitraje, Korean Commercial Arbitration Board o bien, la reunión de diferentes profesionales practicantes de denotado prestigio en grupos de trabajo para la creación de estos instrumentos (v. gr. Las Reglas de Praga). Las bondades de dichos instrumentos han sido ampliamente discutidas14, no obstante su proceso creativo no se ha visto ajeno a la crítica de muchos15.

Algunas de esas guías, códigos de buenas prácticas, reglas, lineamientos que se han servido de base para el

Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje como se verá a continuación.

II. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ARBITRALES DEL CLUB ESPAÑOL DEL ARBITRAJE Y OTROS INSTRUMENTOS DE SOFT LAW

Ya en el año 2005 el Club Español del Arbitraje había publicado un Código de Buenas Prácticas que estaba destinado únicamente a las instituciones arbitrales. Sin embargo, el Código de Buenas Prácticas de 2019 es una suerte de compendio que va más allá: no solo actualiza el Código de 2005, sino que amplía sus alcances al contener recomendaciones que involucran a todos los participantes del proceso arbitral,     es decir, árbitros, abogados, peritos y financiadores.16 Para la confección del Código, se formaron distintas subcomisiones que contaron con la colaboración de destacados practicantes del Arbitraje miembros del Club.

A continuación, se hará un repaso de cada una de las secciones del Código y se revisarán instrumentos análogos que fueron utilizados como antecedentes cuando corresponda.

IIa. Sección Primera y Segunda: Instituciones Arbitrales y Proceso Arbitral

Cuando el arbitraje es institucional, este es organizado y administrado por Instituciones Arbitrales. Además, deben velar por el debido proceso y la justicia de los laudos.17

Para la elaboración de estas secciones, las Subcomisiones tomaron en cuenta la doctrina y jurisprudencia relacionadas con el buen gobierno de las instituciones arbitrales, así como los reglamentos de distintas instituciones arbitrales nacionales, regionales e internacionales y las recomendaciones incluidas en el Código de

  1. Así pues, las recomendaciones están encaminadas a tratar asuntos relacionados con el gobierno, estructura y misión de las instituciones arbitrales e incrementar la seguridad jurídica del arbitraje.18

En  relación  a  las  Instituciones  Arbitrales,  el  Código  propone  unos  principios  generales.  Parte  de  la independencia de la Institución, la cual deberá estar regida por sus propios estatutos y bajo la dirección y el control de sus órganos. De ese modo, ningún tercero podrá ejercer influencia alguna en la toma de decisiones de dichos órganos. Aun cuando las instituciones estén integradas a otra (como en el caso de los Centros de Arbitraje y Conciliación adscritos a las Cámaras de Comercio e Industria), se debe garantizar su independencia funcional  y  orgánica  en  su  relación  con  la  Organización  Matriz.  En  ese  caso,  la  Institución  Integrada  se organizará libremente, elaborará y preparará su propio presupuesto y designará y aparatará a sus directivos y empleados.19

Además de las ya enunciadas supra, el Código en su acápite de Funcionamiento Interno sugiere la aprobación de un Código Deontológico vinculante para los miembros de los diferentes órganos y para los empleados de la Institución Arbitral.

Por otro lado, se recomienda la aprobación de un Manual que asegure la confidencialidad de los documentos e informaciones aportados al procedimiento. No obstante, el Código sugiere la apertura de los archivos a los investigadores que realicen estudios relacionados con el arbitraje, cuyo acceso estará condicionado a la suscripción de un acuerdo de confidencialidad.20

La transparencia es un elemento importante que recoge el Código. En tal sentido, sugiere que la página web de la Institución Arbitral publique, entre otras cosas: (i) Los nombres de las personas que patrocinen conferencias y eventos organizados por la Institución Arbitral, y los importes satisfechos por dichos patrocinadores en los últimos años; (ii) Los aranceles y los honorarios de los árbitros, junto con un calculador que facilite el cálculo; (iii) Las cuentas anuales y los informes de gestión de los últimos cinco ejercicios; (iv) Las estadísticas detalladas sobre los asuntos que administra y los nombramientos de árbitros, diferenciando por edad, género y origen; (vi) Publicar una lista de los casos que administra con los elementos más importantes del caso, guardando el anonimato de las partes; y, (vii) Propugna por el carácter público de los laudos, anonimizando los nombres de las partes, pero manteniendo los nombres de los árbitros y abogados. Esto sin menoscabo de oposición de las partes o la existencia de motivos relevantes que justifiquen la confidencialidad.21

Sin duda, estos elementos distintivos buscan ayudar a apaciguar las preocupaciones generales que existen hoy en  día  en  torno  al  arbitraje,  como  ser  la  transparencia  en  las  finanzas,  la  diversidad  de  género,  edad  y procedencia geográfica de los árbitros.

Por otro lado, el Código integra un Reglamento Modelo que el CEA propone para las instituciones arbitrales, en una versión corregida del Reglamento del Código de 2005, de acuerdo a las tendencias actuales del arbitraje doméstico e internacional. El Reglamento Modelo puede ser, sin duda, una herramienta muy útil para los Centros de Arbitraje y Conciliación para homogenizar sus reglas institucionales. El Reglamento Modelo introduce, por ejemplo, un Acta Preliminar, que es símil al Acta de Misión del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional22, un elemento que es considerado muy útil por la comunidad arbitral. Con la adopción del Reglamento Modelo, en su integridad o al menos en sus rasgos más característicos, facilitaría la práctica del Arbitraje con unas reglas todavía más comunes para sus usuarios de tal manera que aumentaría la seguridad  jurídica  del  Arbitraje  y,  además,  evitaría  la  confusión  generada  por  soluciones  diferentes  en situaciones análogas que se pueden percibir en distintos reglamentos.

Por último, también se recomienda la utilización del convenio arbitral tipo que el Código introduce. Para asegurar la ejecución del Laudo23, se recomienda que la sede o el lugar del arbitraje deba localizarse en un país que haya ratificado el Convenio de Nueva York de 1958.24

IIb. Sección Tercera: Deberes de los Árbitros

El papel que juegan los árbitros para la eficacia del arbitraje y la confianza en el proceso es fundamental. Al elegirle, las partes le confían la resolución de su controversia, presumiendo estas que el árbitro cumple con todas las calificaciones necesarias para el ejercicio de su investidura en el caso concreto. Escoger un árbitro, desde luego, no es un asunto baladí, sobre todo en una comunidad que es considerada más bien pequeña.

Sumado a ello, hay consideraciones deontológicas que en ocasiones no están reguladas, pues en términos generales, no hay reglas vinculantes de conducta profesional o éticas aplicables específicamente a los árbitros internacionales.25  Por tal razón, algunas asociaciones profesionales han tratado de recoger el testigo y han patrocinado la creación de instrumentos soft law que tratan sobre esos temas. Ya desde 1977, a través de un comité conjunto, la American Bar Association y la American Arbitration Association publicaron un Código de Ética. El código proveía unos lineamientos para los árbitros, enfocándose en asuntos de parcialidad y posibles sesgos. En el 2004, fueron modificados estableciéndose una presunción de neutralidad extensiva para todos los árbitros que conforman el Tribunal Arbitral.

Por otro lado, la International Bar Association publicó en el 2004 una guía detallada en la que se consideran las circunstancias que comúnmente provocarían dudas respecto a la imparcialidad o independencia de un árbitro. La guía establece un mecanismo de alerta tipo semáforo en la que enlista de forma no exhaustiva situaciones que pueden ser consideradas como no aceptables por generar conflictos de interés; no aceptables salvo que las partes aun sabiendo el posible conflicto de interés, decidan continuar con la conformación del Tribunal Arbitral; y, finalmente, situaciones en las que no existe un conflicto de interés. Así pues, dichas listas son la roja, naranja y verde respectivamente.26 Aunque este instrumento no es vinculante salvo que las partes pacten lo contrario, constituye una guía muy utilizada tanto por las partes como por los propios árbitros, al momento de evaluar posibles conflictos de interés, imparcialidad o independencia.

El Código de Buenas Prácticas Arbitrales, por su parte, recoge buena parte de la experiencia de estos instrumentos. Impone como principios rectores la imparcialidad y la independencia de los árbitros27 y el deber de abstención si concurren situaciones que comprometen los principios antes mencionados.28 También incluye el deber de revelación de cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.29 El deber de revelación debe entenderse como ‘un deber de información para que las partes, y en su caso los terceros encargados de nombrar árbitros y decidir posibles recusaciones, puedan valorar si existen una causa de recusación’.30

El Código, a diferencia de presentar una lista de alerta tipo semáforo, propone una lista no exhaustiva de preguntas que los árbitros pueden contestar para determinar si existen circunstancias que deben ser reveladas. En ese sentido, las preguntas están orientadas a evaluar: (i) vínculos con las partes; (ii) vínculos con la disputa; (iii) vínculos con los abogados de las partes; (iv) vínculos con los demás árbitros; y, (v) vínculos con otras personas implicadas en el arbitraje.31

Al igual que las reglas de la IBA, el Código también extiende los mismos deberes de los árbitros a los secretarios. Así mismo, propone un mecanismo para su designación y remuneración.32

Por último, el Código sugiere el principio de confidencialidad y propone una formula en la que los árbitros pueden  publicar  un  listado  anonimizado  de  los  procedimientos  arbitrales  en  los  que  ha  participado, estableciendo un criterio uniforme de una práctica muy común en los perfiles profesionales de los árbitros.

IIc. Sección Cuarta: Deberes de los Abogados

En el arbitraje internacional, las partes normalmente son representadas por Abogados de distintos países, por lo que  existió  mucha  incertidumbre  respecto  a  cuáles  eran  las  reglas  de  ética  y  de  conducta  que  rigen  la participación de los Abogado en el proceso.

El Código, al igual que las Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional, recogen  importantes  lineamientos  que  están  destinados  a  regular  la  conducta  del  Abogado  de  parte en  el Arbitraje. De ese modo, le prohíben presentar, intencionalmente, hechos falsos al Tribunal, tanto de forma escrita como oral.33 Del mismo modo, ambos instrumentos admiten que los Abogados tengan contacto y asistan a los peritos y testigos en la preparación de sus declaraciones e informes.34

Como novedad en contraposición con su símil de la IBA, el Código prohíbe acudir a prácticas tendenciosas como la de citar a sabiendas fundamentos jurídicos inexistentes o bien, intentar tergiversar su verdadero sentido mediante citas incompletas.35 Al igual que en el caso de los árbitros, se establecen una fórmula anonimizada para que los Abogados puedan publicar en sus perfiles profesionales, los casos en los que ha participado.36

Por último, tanto el Código como las Directrices de la IBA establecen unas medidas que el Tribunal Arbitral puede tomar en caso de incumplimiento de algunos de los deberes por parte de los Abogados.37

IId. Sección Quinta: Deberes de los Peritos

De nuevo, el Código establece la objetividad e independencia como principios para la participación del perito, con el propósito de que se aumente el valor probatorio de la pericia y contribuya a una mayor eficacia del proceso. El Código, más allá de las exhaustivas regulaciones que contiene, por ejemplo, el Reglamento sobre la Administración  de  Procedimientos  de  Peritaje  de  la  Cámara  de  Comercio  Internacional38,  concentra  sus esfuerzos en procurar que la participación del perito y el empleo de la prueba pericial sean eficientes para el proceso arbitral.

De ese modo, facilita, como en el caso de los árbitros, una suerte de cuestionario no exhaustivo, sino más bien orientativo, que le permita valorar cualquier situación que pueda comprometer la calidad de su pericia por no ser objetiva e independiente. Así pues, el cuestionario está destinado a evaluar: (i) vínculos con las partes; (ii) vínculos con la disputa; (iii) vínculos con los abogados que le han designado; y, (iv) vínculos con otras personas implicadas en el arbitraje.39

A diferencia de las reglas de la IBA40, el Código establece el mecanismo de pago de los honorarios de los

peritos. Además, se prohíbe que los honorarios de los peritos estén supeditados de alguna manera al resultado del arbitraje.41

IIe.     Sección Sexta: Deberes relativos a la financiación

Mucho se ha escrito en relación los altos costos que un proceso arbitral internacional puede tener. Ya sea en arbitraje comercial internacional o arbitraje internacional de inversiones muchos aspectos propios del proceso encarecen los costos en los que las partes deberán incurrir, lo que en muchos casos impedirían que estas tuvieran acceso al arbitraje, constituyendo el financiamiento una ventaja para la parte que desea iniciar un procedimiento arbitral42. Sin embargo, es un tema que no ha sido ajeno a las críticas43 y que además no tiene un marco regulatorio.44

Contrario a otros instrumentos similares, que proponen regulaciones directamente a los financistas45 el Código recomienda únicamente la obligación de la parte de revelar e informar al tribunal arbitral si ha recibido u obtenido fondos de cualquier tipo de parte de un tercero financista y que esté vinculada al resultado del arbitraje. De igual manera, requiere revelar la identidad del tercero financista.46  Esta obligación no tiene limitación temporal, siendo que, si la obtención de los fondos se produce posteriormente a la presentación de la demanda, la parte deberá informarlo dentro de unplazo razonable.47 Por otro lado, los árbitros podrán solicitar cualquier información que consideren relevante.48

III. CONCLUSIONES

Sin duda alguna, el Código constituye una bocanada de aire fresco en cuanto a que constituye un único documento, a modo de compendio, de recomendaciones que versan sobre varios aspectos del proceso arbitral, y extiende directrices de conducta a las partes que participan del mismo.

Quedan quizás algunos temas en el tintero a causa que estos han sido producto de la experiencia más reciente. Tal es el caso de la ausencia de recomendaciones en cuanto a las buenas prácticas para la celebración de procesos arbitrales por medios electrónicos, que se hacen necesarios en momentos como este en el que existen medidas muy variopintas adoptadas por los Estados producto de la pandemia por el COVID-19 y muchos procesos se encuentran suspendidos. El Protocolo de Seúl para videoconferencias en arbitraje internacional y el Reporte de la Cámara de Comercio Internacional sobre Información Tecnológica en Arbitraje Internacional sirven de lineamientos para cubrir estos temas. El CEA podría emularlo y complementarlo con la indiscutible experiencia de sus miembros. Por otro lado, el mayor uso de la tecnología podría hacer más eficiente el proceso arbitral en términos de costos y tiempo.

Finalmente, el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje, viene a reforzar la presencia y la calidad de la comunidad arbitral de la Península Ibérica y de Hispanoamérica de cara a otros instrumentos de soft law.

[1] Benito Arturo Zelaya Cálix, Socio Director de Lexincorp Central American Law Firm – Honduras. Abogado por  la  Universidad  José  Matías  Delgado,  de  El  Salvador.  Es  Máster  en  Dirección  Empresarial  por  la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Doctorando en Derecho Tributario y Mercantil por la Universidad  San  Carlos  de  Guatemala.  Fundador  y  Presidente  del  Club  Español  del  Arbitraje  Capítulo Honduras. Contacto: bzelaya@lexincorp.com

Fabián J. Villeda Corona, Asociado en Lexincorp Central American Law Firm – Honduras. Abogado por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Orientación Comercial Internacional, LL.M. en Derecho Internacional por la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Magíster en Derecho Internacional, Inversiones,

Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y Diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Miembro del Club Español del Arbitraje Capítulo Honduras. Contacto: fvilleda@lexincorp.com

[2] Jan Paulsson, The Idea of Arbitration (Oxford University Press 2014), 284.

[3] Gary Born, ‘Introduction’, International Commercial Arbitration (Segunda Ed., Kluwer Law International

2014), 1-5.

[4] Roque J Caivano, ‘El Arbitraje: Nociones Introductorias’ Revista Electrónica de Derecho Comercial 8

<http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/Arb-001.pdf>.

[5] Margaret L Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (Primera Ed., Cambridge University Press 2008) 1, 17.

[6] No se puede dejar de lado, por ejemplo, las fuentes de derecho internacional contenidas en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:    a. las convenciones internacionales, sean generales  o  particulares,  que  establecen  reglas  expresamente  reconocidas  por  los  Estados  Litigantes;  b.  la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas; las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. […]”. Aún algunas normas aplicables al arbitraje internacional comercial son de origen de derecho internacional público, como ser los Tratados o Convenciones que las partes hubieran tomado en cuenta. cf Emmanuel Gaillard y John Savage (eds.), Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration (Primera Ed., Kluwer Law International 1999), 103.

[7] Moses (n 2), 5-9 .

[8] Existen, no obstante, otros instrumentos de Soft Law que tienen una relación con el Arbitraje, como la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que constituye un marco jurídico creado con la aspiración que los países la adopten en su legislación interna y de esa manera armonizar las disposiciones legales sobre el Arbitraje. Ver: Gaillard and Savage (n 5) 107-109. Por otro lado, los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales pueden ser utilizados para la resolución de los méritos de un caso de Arbitraje cuando las partes han acordado su aplicabilidad en el Contrato, o han establecido que este se rija por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones similares. Sin embargo, estos instrumentos no serán objeto de análisis en este artículo.

[9] María Isabel Garrido Gómez, El Soft Law Como Fuente Del Derecho Extranacional (Primera Ed., Dykinson

2017), 55-60.

[10] Naciones Unidas, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 1969, Art. 26. vid. Oliver Dörr and

Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary (Segunda Ed., Springer

2018) 467-492.

[11] Comisión de Derecho Internacional, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Arts. 1-2. En ese mismo orden de ideas, ver: Corte Internacional de Justicia, Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie Deuxième phase Avis Consultatif du 18 Juillet 195011

: ([…] et il est clair que le refus de s’acquitter d’une obligation conventionnelle est de nature à engager la responsabilité internationale).

[12] Garrido Gómez (n 8), 60.

[13] Gary Born, ‘Chapter 1’, International Commercial Arbitration (Segunda Ed., Kluwer Law Interna- tional

2014) 199.

[14] Para ampliar vid. inter alia: David Arias Lozano, ‘Soft Law Rules in International Arbitration: Positive Effects and Legitimation of the IBA as a Rule-Maker’ (2017) VI Indian Journal of Arbi- tration Law 29-42.; Miluše  Hrnc?ir?íková,  ‘The  Meaning  of  Soft  Law  in  International  Commercial  Arbitration’  (2016)  16

International and Comparative Law Review 97-109.; y, Alexis Mourre, ‘Soft Law as a Condition for the

Development of Trust in International Arbitration’ (2016) XIII Revista Brasileira de Arbitragem 82-98.

[15]  Para  ampliar  vid.  inter  alia:  Michael  Schneider,  ‘The  Essential  Guidelines  for  the  Preparation  of Guidelines, Directives, Notes, Protocols and Other Methods Intended to Help International Arbitration Practitioners to Avoid the Need for Independent Thinking and to Promote the Transformation of Errors Into “Best Practices” en Yves Derains y Laurent Lévy (eds.), Liber Amicorum en l’Honneur de Serge Lazareff (Pedone 2011); Felix Lüth and Philipp K Wagner, ‘Soft Law in International Arbitration – Some Thoughts on Legitimacy’ [2012] Heidelberg Student Law Review 409-422; Ver además las ideas recogidas en ese mismo sentido en Gabrielle Kaufmann-Kohler, ‘Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity’ (2010) 1 Journal of International Dispute Settlement 283-299.

[16] Club Español del Arbitraje, Código de Buenas Prácticas Arbitrales 2019, 6. [17] Ibíd., 7.

[18] Ibíd., 8-9.

[19]  Club  Español  del  Arbitraje,  Sección  Primera:  Instituciones  Arbitrles,  Código  de  Buenas  Prácticas

Arbitrales 2019, Rec. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y 1.1.4.

[20] Club Español del Arbitraje Sección Primera: Instituciones Arbitrles, Código de Buenas Prácticas Arbitrales

(n 18), Rec. 3.3.39, 3.3.40.

[21] Ibíd., Rec. 5.1.60, 5.2.61 y 5.3.62.

[22] Club Español del Arbitraje, Anexo A. Reglamento Arbitral Modelo del CEA. Código de Buenas Prácticas Arbitrales 2019, Rec. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 y 30.5. Ver en contraposición: Cámara de Comercio Internacional, Reglamento de Arbitraje 2017, 23.1, 23.2, 23.3 y 23.4.

[23]  Gary  Born,  ‘Chapter  2:  Legal  Framework  for  International  Arbitration  Agreements’,  International

Commercial Arbitration (Segunda Ed., Kluwer Law International 2014), 230.

[24] Club Español del Arbitraje, Sección Segunda: Proceso Arbitral. Código de Buenas Prácticas Arbitrales.

2019, Rec. 1.65, 2.67 y 2.68.

[25]  Gary  Born,  ‘Chapter  13:  Rights  and  Duties  of  International  Arbitrators’,  International  Commercial

Arbitration (Segunda Ed., Kluwer Law International 2014), 1971.

[26] International Bar Association, IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration 2014, párrafos 2-8 de la Parte II.

[27]  Club  Español  del  Arbitraje,  Sección  Tercera:  Deberes  de  Los  Árbitros.  Código  de  Buenas  Prácticas

Arbitrales. (2019), Rec. 1.69-1.73. [28] Ibíd., Rec. 2.74-2.77.

[29] Ibíd., Rec. 3.78. [30] Ibíd., Rec. 3.80. [31] Ibíd., Rec. 3.84.

[32] Ibíd., Rec. 7.96-7.98.

[33] Club Español del Arbitraje, Sección Cuarta: Deberes de los Abogados. Código de Buenas Prác- ticas Arbitrales. 2019, Rec. 4.1.115. vid. International Bar Association, Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional 2013. 9.

[34] Club Español del Arbitraje Sección Cuarta: Deberes de los Abogados. Código de Buenas Prácticas Arbitrales. (n 33), Rec. 4.5.128. vid. International Bar Association, Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional (n 33), 20.

[35]  Club  Español  del  Arbitraje  Sección  Cuarta:  Deberes  de  los  Abogados.  Código  de  Buenas  Prácticas

Arbitrales. (n 33), Rec. 4.2.118. [36] Ibíd., Rec. 5.131.

[37] Ibíd., Rec. 6.132. vid. International Bar Association, Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en Arbitraje Internacional (n 33), 26.

[38] El Reglamento de la CCI sobre la Administración de Procedimientos de Peritaje regula elementos inter alia como: (i) mecanismo de selección del perito; (ii) la misión del perito; (iii) lugar e idioma del peritaje; (iv) calendario procesal; (v) contenido del informe del perito, etc.

[39] Club Español del Arbitraje, Sección Quinta: Deberes de los Peritos. Código de Buenas Prácticas Arbitrales.

2019, Rec. 3.145.

[40] Estas solamente hacen mención de honorario y gastos del Perito cuando es designado por el Tribunal

Arbitral.

[41] Club Español del Arbitraje Sección Quinta: Deberes de los Peritos. Código de Buenas Prácticas Arbitrales. (n 39), Rec. 1.135 y 6.151.

[42] Eric de Brabandere y Julia Lepeltak, ‘Third Party Funding in International Investment Arbitra- tion’ (2012)

<https://ssrn.com/abstract=2078358>, 7.

[43] vid. interesante perspectiva general sobre el tema por Bernardo M Cremades, ‘Third Party Funding in

International Arbitration’ <https://www.cremades.com/pics/contenido/ File634523783352588756.pdf>.

[44] vid. Ayodeji Akindeire, ‘Third-Party Funding in International Arbitration: Concept, Issues and the Need for a Regulatory Framework’ <https://ssrn.com/abstract=3516668>.

[45] Tal es el caso del ‘Code of Conduct for Litigation Funders’ de la Association of Litigation Funders de

Inglaterra y Gales y del ‘Code of Practice for Third Party Funding of Arbitration’ de Honk Kong.

[46] Club Español del Arbitraje, Sección Sexta: Deberes Relativos a la Finananciación. Código de Buenas

Prácticas Arbitrales. 2019. Rec. 1.154. [47] Ibíd., Rec. 1.155.

[48] Ibíd., Rec. 1.156.

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