Importancia del Reglamento a la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas

El 1ro de septiembre del año en curso, entrará a regir el Reglamento a la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, el cual se publicó mediante el decreto número 40417- H, en el Diario Oficial la Gaceta.  

Dicho Reglamento tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la aplicación de la normativa contenida en la Ley No. 9428, mediante la cual se creó un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas al momento de entrada en vigencia de la Ley o que a partir de ese momento se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. 

La vigencia de este Reglamento trae consigo una serie de aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta por las sociedades que se encuentran obligadas al pago del impuesto: 

Pago de impuesto para sociedades que se encuentran en trámite de inscripción 

Las sociedades que se encuentren en trámite de inscripción ante el Registro Público de Personas Jurídicas deberán cancelar la tarifa mínima del 15% del salario base mensual. 

Si las sociedades se encuentran morosas con el pago del impuesto, los intereses correrán a partir de los 30 días naturales siguientes a la fecha de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Público de Personas Jurídicas. 

Tarifa del Impuesto para declarantes y contribuyentes inscritos ante el Régimen Simplificado 

  1. Las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el RUT en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual. 

 

  1. Los obligados tributarios del Impuesto, que sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta en el Régimen Simplificado, con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual, los que cuenten con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual y los que cuenten con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual.  

 

 

Disolución de sociedades 

La Dirección General de Tributación enviará un informe al Registro de Personas Jurídicas sobre los contribuyentes del Impuesto con 3 períodos consecutivos de morosidad para que se publique en el Diario Oficial La Gaceta la disolución y se ejecute la cancelación de la inscripción de la sociedad en morosa. 

Personas Jurídicas exoneradas 

Las sociedades que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente clasificadas como micro y pequeñas empresas inscritas ante el MEIC y los productores agropecuarios inscritos ante el MAG se encontrarán exentos del pago de este impuesto, para lo cual el MEIC y el MAG deberán suministrarle a la Dirección General de Tributación la lista de dichas sociedades. 

Presentación del Formulario D-140 

Las sociedades inscritas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y que de oficio se les inscriba en el RUT, tendrán la obligación de presentar el formulario D-140 (Formulario de Declaración de Modificación de Datos del Registro de Contribuyentes) dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción ante el Registro Público de Personas Jurídicas. Las sociedades que se encuentran inscritas en el Registro de Personas Jurídicas antes de la entrada en vigencia de la Ley, que no estaban obligados a inscribirse ante el RUT, deberán presentar el formulario antes mencionado dentro de los plazos que establece el Transitorio I del Reglamento.  

Los fondos que se recauden con la entrada en vigencia de esta Ley y del Reglamento serán asignados al Ministerio de Seguridad Pública, un noventa por ciento (90%) del impuesto recaudado para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Para el Ministerio de Justicia y Paz, un cinco por ciento (5%) del impuesto recaudado para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y para el Organismo de Investigación Judicial un cinco por ciento (5%) del total del impuesto recaudado para la atención del crimen organizado. 

 

Mariel Castro Boschini